En 2021 se dictó una Pausa ecológica que no se cumple

“No era para eso”. Así reclama Reynaldo Cuéllar, asambleísta del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) de Charagua Iyambae, la actividad humana dentro de Ñembi Guasu. “El área está solamente para conservar el hábitat de los animales silvestres”, continúa. El 9 de septiembre de 2021 se declaró una pausa ambiental en esta área de conservación e importancia ecológica. Pero este dictamen judicial no se cumple, al menos no en su totalidad. Así lo explica el director de Áreas Protegidas de ese municipio, José Ávila. En una visita que hizo este medio al lugar el 16 mayo de 2022 se pudo observar situaciones y elementos que denotan actividad humana cuando no debería suceder.

¿Qué se ve? El tronco de un tajibo amarillo pintado con tinta roja, como una señalización para demarcar algún límite y hacer una incursión; el hecho le pareció extraño a Cuéllar, al guardaparque Folker Taseo y a Jorge Rodríguez Sea, uno de los técnicos de campo de Nativa, la organización que impulsó la creación del Área de Conservación e Importancia Ecológica (ACIE) Ñembi Guasu. Con ellos ingresamos a la zona el 16 de mayo de 2022, un día nublado.

En determinado punto vemos a un costado del camino un conjunto de árboles jichituriqui muertos y trozados en el suelo, al parecer el trabajo se hizo con una máquina eléctrica, y con la corteza amarillenta desperdigada a su alrededor. Vemos en otro lugar un vehículo especial para tala de árboles conocido como skidder abandonado en medio camino; la llanta delantera derecha ponchada.

Taseo, Cuéllar y Rodríguez, un equipo que hace visitas casi diarias y semanales desde Roboré —sede de Nativa y de la ACIE Ñembi Guasu— vuelven a mostrar su extrañeza. La semana anterior a la visita no vieron nada de eso.

Crédito: Gabriel Díez / Página Siete Plus.

“En campo estamos haciendo control permanente con Nativa y con nuestro asambleísta, pero la presión es muy grande. Hay mucha gente que insiste en hacer trabajos en estos lugares donde han sido otorgadas las resoluciones [del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)] (…). [La pausa ecológica] se está cumpliendo parcialmente. Mientras estamos haciendo los controles en un lado, la presión surge al otro lado; aún no se ha cumplido al 100%. La gente que tiene sus resoluciones de asentamientos va directamente a desmontar, a eliminar bosque y fauna”, explica Ávila.

Cuando se le comenta sobre el skidder y los árboles caídos, el funcionario responde: “Tiene que ver mucho la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras) respecto a estos temas, porque si no tuvieran autorizaciones [las personas que lo hacen] estarían incumpliendo y estarían cometiendo un delito”.

¿En qué consiste la pausa ecológica?

En 2021 el GAIOC Charagua Iyambae interpuso una demanda de Acción Ambiental Preventiva contra el INRA y la ABT porque consideraban que la presencia de comunidades y los desmontes amenazaban el área de Ñembi Guasu. El 9 de septiembre de ese año se declaró pausa ecológica —dictada a través de un auto de medidas cautelares firmado por el juez agroambiental de Camiri, Álvaro Flores— en la que se ordenó, entre otras cosas, a todas las personas al interior de esta área de conservación abstenterse de realizar chaqueos, desmontes, quemas “y/o trabajos que modifiquen su estado actual”. Pero hubo oposición.

Tanto el INRA y el municipio de Carmen Rivero Tórrez ubicado al este de Ñembi Guasu, solicitaron revisar y modificar esa determinación judicial, según consta en el Auto Agroambiental Plurinacional S1a N° 11/2022 de 9 de febrero de 2022. Entre los justificativos se dijo que era atentatorio contra la vida y subsistencia de las personas que contaban con resoluciones de autorización de asentamientos, que se estaría impidiendo el cumplimiento de la función social y que el Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz contempla a esa área como de “aptitud agropecuaria intensiva y extensiva”. Por otra parte, representantes de las comunidades campesinas “Agropecuaria Santa Rosita”, “21 de Septiembre”, “Las Palmas” incluso llegaron a cuestionar la constitucionalidad de que el GAIOC haya creado esa área de conservación.

Finalmente, en el Auto Agroambiental 11/2022 se ratificó la pausa ecológica con las siguientes modificaciones: se declaró infundado el recurso de las comunidades campesinas y se instruyó a la ABT paralizar “toda autorización de desmonte y chaqueo”. También se garantizó la práctica de actividades agrosilvo pastoriles “ejercidas por personas y/o comunidades asentadas legalmente en el lugar”.

Para la elaboración de este reportaje, Página Siete solicitó información al INRA y al ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como cabeza de sector, sobre la situación de los asentamientos con resolución, aquellos titulados, si es que hubiera en proceso de titulación y si cursan nuevas peticiones en Ñembi Guasu. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta. De igual manera se pidió a la ABT datos sobre autorizaciones de desmonte en este sitio de conservación. La respuesta fue que el medio debía “acreditar su interés legal” para poder recibir esa información.

Asentamientos antes, durante y después de su creación

Aparte de los incendios forestales —que dañaron un tercio de Ñembi Guasu entre 2019 y 2021, según la Gobernación de Santa Cruz— los asentamientos humanos son el otro factor de amenaza directa, latente y real, de este espacio de conservación. Así lo identifican investigadores y autoridades locales. 

El 20 de septiembre de 2015 se aprobó el Estatuto Autonómico de Charagua Iyambae. En esa carta fundacional se concibió la creación del ACIE Ñembi Guasu y en 2019 se definieron sus límites legales. Justamente, uno de los motivos de la consolidación limítrofe de este territorio fue frenar los asentamientos humanos.

“Ñembi Guasu un territorio destinado a la conservación; pero en constante amenaza por colonos”, es el título de una nota en la revista El Chajá, de Fundación Nativa, de mayo de 2019, cuando se consolidaron los límites. La ley de consolidación se promueve “con la finalidad de respaldar legalmente el grado de protección del área y evitar que familias de colonos puedan poner en riesgo el territorio y su estado de conservación” dice una parte de ese artículo.

Desde 2014 hasta 2019 el INRA autorizó el asentamiento de 81 comunidades en 139.039 hectáreas, el 11,5% de la superficie total, según un estudio inédito de Fundación Tierra elaborado por Alcides Vadillo y Agustín Moy.

“Estas autorizaciones de nuevos asentamientos son en un 100% posteriores al DS 1286 de 4 julio de 2012 y alrededor del 20 % posteriores a la Ley 033/2019 de mayo del 2019”, se lee en el documento que Vadillo facilitó para este reportaje. El decreto de 2012 va en sentido de elaborar un estudio —del cual no se tiene noticia— para, entre otras cosas, determinar mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de grupos del pueblo indígena ayoreo “a mantenerse en aislamiento voluntario, con la recomendación de las medidas de protección que correspondan” dentro de parte del actual área de Ñembi Guasu.

En el proceso de saneamiento realizado por el INRA —según la investigación de Vadillo y Moy— se reconoció el derecho de propiedad a quienes ya estaban allí asentados “y justificaban la función económica social o la función social, según corresponda”. Es así que  aparte del 11,5% de las nuevas comunidades existe un 11,6% de área de Ñembi Guasu que corresponde a empresas agropecuarias, propiedad mediana, TCO/TIOC, propiedad pequeña y propiedad comunitaria. “Las tierras donde no había propiedad, posesión ni trabajo, fueron declaradas fiscales y es, en estas tierras fiscales, donde el INRA ha autorizado el asentamiento de nuevas comunidades, posterior al proceso de saneamiento”, explican.

En suma, el 23,1%, casi una cuarta parte de esta área de conservación ya tiene dueños. “En ambos casos, predios identificados en el saneamiento como los nuevos asentamientos, no siempre se encuentran en el 100 % dentro del área protegida, algunos de ellos se encuentran en parte dentro de Ñembi Guasu y en parte en los municipios de Roboré, San José o El Carmen Rivero Torrez”, se lee en el documento de Vadillo y Moy.

En una entrevista telefónica con Página Siete, el coordinador de la Unidad de Áreas Protegidas de la Fundación Natura Bolivia, Henry Bloomfield, comenta que en 2019, cuando se definieron los límites apenas el uno o dos por ciento estaba deforestado en el lugar y que desde el 2020 se comenzó a habilitar la tierra para la producción.

Luego de caminar unos buenos cientos de metros con el asambleísta Reynaldo Cuéllar por una de las vías en Ñembi Guasu nos detenemos a hacer la entrevista. Mira a su alrededor y su rostro es de preocupación. “No era para eso”, repite. “Hay personas que siguen realizando su trabajo…”.