Los defensores del “pueblo que está en Palacio”

Después de que fue elegido en marzo de 2016 con la confianza de 103 parlamentarios, más de dos tercios de la Asamblea Legislativa, Tezanos Pinto puso en marcha su plan con una delimitación clara. La Defensoría del Pueblo debía incidir en la generación de políticas públicas y normativas para las poblaciones y colectivos en situación de vulnerabilidad en particular mujeres, niñas, niños y adolescentes.

También determinó que cambiaría la “lógica de atención” de la Defensoría del Pueblo y “salir al encuentro del pueblo, prioridad del área rural y periurbana”

Definió que las áreas de mayor énfasis serán racismo y discriminación, acceso a la justicia, tortura, Observatorio Plurinacional de Derechos Humanos, derechos económicos, sociales, culturales, agua y Madre Tierra.

Y así fue.

Desde que asumió el cargo alineó su mandato al gobierno de turno y respaldó algunas medidas que vulneran derechos como la construcción de la carretera por el medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sin consulta previa de los pueblos indígena originario campesinos como establece la Constitución Política del Estado en Bolivia.

En 2016, durante la movilización de las personas con discapacidad que marcharon desde Santa Cruz hasta La Paz demandando un bono de 500 bolivianos al gobierno de Evo Morales, alineó su discurso y acciones a las del órgano Ejecutivo. Dijo que la petición afectaría al presupuesto del Estado, responsabilizó a los policías por las violentas represiones en plaza Murillo y evitó incluir a autoridades del Gobierno.

Después fue filmado cuando entregaba “ayuda humanitaria” que consistía en dinero a los marchistas que decidieron retornar a sus regiones luego de que el movimiento quedó fracturado.

Un repaso a sus acciones  evidencia el mismo patrón en conflictos como el de Adepcoca y la detención del dirigente Franclin Gutiérrez o la movilización de Achacachi.

Sus informes defensoriales dan cuenta de acciones concretas en relación a derechos de niñas, niños y adolescentes, indígenas y de grupos LGBTI. También hizo énfasis en la situación de los detenidos en las cárceles; sin embargo, evitó los pronunciamientos sobre los abusos del poder político.

Su mandato fue blanco de críticas y descalificaciones por su alineamiento al Gobierno y al partido MAS.

El mandato de Tezanos Pinto llegó a su epílogo de manera inesperada en enero de 2019 en medio de un escándalo después de ventilar sus problemas conyugales en ambientes de la Defensoría del Pueblo y compararse con el entonces presidente Morales, quien también habría usado bienes del Estado en su relación con Gabriela Zapata.

La Defensoría, según la Constitución y la ley del Defensor del Pueblo, tiene una autonomía funcional, financiera y administrativa como base para evitar la injerencia política partidaria o de otra índole y no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

Su ámbito de intervención incluye derechos humanos, individuales y colectivos. 

La función de la Defensoría alcanza a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que prestan servicios públicos.

Entre sus atribuciones está interponer acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.

También puede presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia. 

Puede investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los 52 instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan.

Asimismo puede solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna.

Puede formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.

También puede acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda oponerse objeción alguna y puede ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción.

El 30 de enero de 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Nadia Cruz como la nueva Defensora del Pueblo interina con 96 votos con la previsión de que mientras dure el interinato de la autoridad se designará a la nueva o nuevo Defensor del Pueblo, pero aquello no ocurrió y la abogada permanecerá en el cargo por una semana más hasta que el órgano Legislativo elija a su sucesor o sucesora.

Como Tezanos, Cruz tampoco logró devolver a la Defensoría la independencia establecida por las normas vigentes; concentró sus esfuerzos en los derechos de sectores vulnerables y le tocó enfrentar la crisis política de 2019 y la pandemia por la Covid 19.

En sus informes de gestión e informes defensoriales se abordan temas como la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes, salud, personas adultas mayores, personas con discapacidad, minería y otros, pero incidió en las graves vulneraciones a los derechos humanos durante el gobierno de Jeanine Añez como las masacres de Senkata y Sacaba, y las muertes ocurridas en Pedregal. 

Entregó al menos tres informes defensoriales sobre las vulneraciones a los derechos humanos con verificaciones y testimonios, e hizo representaciones en ámbitos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que después conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para investigar la violencia ocurrida entre septiembre y diciembre de 2019.

Sin embargo, no investigó ni tomó contacto con las víctimas del gobierno de Evo Morales – quien renunció el 10 de noviembre de 2019- de Montero, Vila Vila, Challapata, Potosí o ciudadanos que sufrieron ataques de grupos de civiles afines al gobierno que perpetraron al amparo de las fuerzas del orden.

No existen recomendaciones ni conclusiones que señalen responsabilidades de autoridades gubernamentales en el despliegue de indígenas, campesinos, mineros y funcionarios públicos en La Paz en contra de ciudadanos movilizados después de las elecciones fallidas de octubre de 2019.

La muerte del sobreviviente de la dictadura y activista por los derechos humanos, Julio Llanos, permanece en la impunidad aunque el informe defensorial confirma que fue víctima de ataques de grupos civiles.

En su informe defensorial, Cruz denuncia que después de las  elecciones de 2019, “las autoridades y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo fueron objeto de diferentes actos que limitaron o buscaron limitar su labor”.

Desde el gobierno de Jeanine Añez desconocieron el mandato de la Defensora porque su interinato habría fenecido, pero la autoridad se mantuvo en funciones con respaldo de la entonces Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, que no inició un nuevo proceso de convocatoria para la elección para la Defensoría del Pueblo, y de la CIDH que le otorgó medidas cautelares ante los ataques del poder junto al delegado Cox, quien después fue candidato del MAS a la Alcaldía de Cochabamba.

Los informes defensoriales de Cruz también hacen un fuerte énfasis en la atención de la pandemia durante la primera ola en el gobierno de Jeanine Añez y concluye que el Estado no cumplió con la protección de la salud de la población.