Por ley, los pueblos indígenas deben tener prioridad en el uso de predios

Por ley, los pueblos indígenas deben tener prioridad en el uso de predios

Pugnas políticas internas en el MAS, tras los conflictos por tierras cruceñas

Según la Fundación Tierra, el 96% de tierras fiscales en el oriente fue entregado a Bartolinas, interculturales y Csutcb, todos aliados del gobierno del MAS, y hay conflictos entre estos sectores.

Los sectores más conflictivos y violentos en la toma ilegal de tierras del país están en la provincia Guarayos de Santa Cruz, según un estudio de la Fundación Tierra. Cívicos y dirigentes denuncian la falta de inacción de autoridades por motivos políticos.

Los predios en conflicto en esta zona incluyen a Las Londras, Seis hermanos, Palo María, La Gaviota, Chaco Perdido, La Muela del Diablo, Las Lúcumas y El Maral. También están Villa Félix, El fin del mundo, Santa Verónica y San Diego, estos últimos considerados pequeña propiedad ganadera (menor a 500 hectáreas).

Todos estos tienen como antecedente común el expediente agrario N° 54095 Las Londras, con Sentencia Agraria del 16 de mayo de 1989, otorgado por el extinto Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) a favor de UNAGRO SA, con una superficie de 12.000 hectáreas.

Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) se informó que las zonas de mayor avasallamiento son Guarayos, San José de Chiquitos y la provincia Velasco, específicamente en los municipios de San Ignacio, San Rafael y San Miguel. Según sus datos, “suman más de 20 casos en lo que va del año”.

Bartolinas e interculturales

El director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, explica que el 96% de tierras fiscales en el oriente fue entregado a Bartolinas, interculturales, conocidos también como “colonizadores” y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), todos aliados del Gobierno del MAS, con el fin de tener control político territorial. 

Vadillo advirtió que desde el Gobierno se está usando la tierra como un elemento de movilización, de organización y de confrontación política. “El objetivo no solo es  entregar las tierras, sino tener control político del espacio territorial”, aseguró el investigadory apuntó que el año 2013 marca un antes y un después en torno a la conflictividad de las tierras en Santa Cruz.

El 30 de diciembre de ese año el Gobierno promulgó la Ley 477. En criterio de Vadillo, “esa norma determina que las tierras de propiedad privada se respetan, Evo Morales les ofrece seguridad jurídica a las propiedades privadas, pero el Gobierno decide qué hacer con las tierras fiscales y a quién las entrega”.

A partir de ahí se puede señalar una línea muy clara del Gobierno, advierte. “Con la Ley 477 contra avasallamientos el Gobierno garantiza seguridad jurídica a las grandes propiedades del oriente, y por el otro lado, dirige su mirada hacia tierras forestales del oriente y empieza a llamar a sus bases a ocupar estas tierras, entre campesinos e interculturales”.

En ese marco, sostiene los conflictos por tierras ya no se limita a particulares, sino que es entre dos sectores sociales. “Y en este espacio se usa cualquier diferencia para confrontar; no solo está la pugna por el control de la tierra y los recursos naturales, sino que detrás de eso hay una pugna interna por el poder”.

Por lo mismo, ¿A quiénes se les ha entregado las tierras fiscales de Santa Cruz? “Entre la Csutcb, interculturales y Bartolinas concentran el 96% de los beneficiarios de tierras fiscales de vocación forestal. Según las leyes bolivianas, los indígenas de la zona deberían tener prioridad en el uso de esas tierras” sostiene.

Desde Fegasacruz advierten que “muchos de estos avasallamientos encubren otras actividades ilícitas como ser explotación de madera ilegal y sin duda el narcotráfico”.

Urubichá sienta precedente

En esta situación, aunque pocas, hay iniciativas locales que intentan luchar contra los constantes avasallamientos en el norte cruceño.

La alcaldesa del municipio de Urubichá, provincia Guarayos, Carmen Aida Aguilera Suárez, promulgó la Ley Autonómica Municipal N° 06/2022, el pasado 7 de julio, como Ley Municipal de “Pausa a Certificaciones y Asentamientos Nuevos”. La norma tiene por objeto luchar contra el tráfico y avasallamiento de tierra en dicho municipio.

“Ley Autonómica Municipal de Urubichá pone un escudo de protección a la tierra y el territorio de su jurisdicción; es un gesto  de compromiso con el pueblo y con los seres que habitan la  casa grande. Que cada gobierno municipal haga lo mismo, ayudará en la lucha con el tráfico de tierra y el avasallamiento, que hasta ahora estaba legalizado con la creación de comunidades enlatadas con la venia y complicidad de algunos funcionarios públicos”, sostuvo el presidente del Comité Cívico de Guarayos, Salvador Vaca.

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