Si no se hace un correcto enmaderamiento, los desprendimientos de roca pueden ser fatales

La inseguridad, la muerte y la vulneración de derechos acechan a los trabajadores del Cerro Rico

ACUERDOS: La subcontratación es, según investigadores, una práctica recurrente para los trabajos al interior de las minas de la histórica montaña. Es puede derivar en vulneración de derechos laborales.

Al interior del Cerro Rico parece no haber una razón valedera para detener la explotación de mineral. Ni las muertes de mineros al interior de las minas –sea por aspiración de gases o desprendimientos de rocas–  ni  los accidentes o las denuncias de menores de edad trabajando al interior del Sumaj Orck’o son motivo suficiente para frenar las actividades. Por el contrario, allí la inseguridad que deriva del estado de deterioro de la montaña y de las prácticas precarias con las que allí se trabaja aumenta conforme pasan los años.

En la actualidad no hay instancia que pueda ejercer una fiscalización efectiva de lo que se hace al interior del cerro. La explotación de mineral se hace sin discriminación de edad o de habilidades y sin considerar las condiciones en las que se encuentran las aproximadamente 420 minas activas. Los derechos laborales, por otro lado, dependen de cada caso; no todos los tienen al 100%. Algunos investigadores identifican que hay deficiencias en cuanto a la ergonomía, que hay vulneración de derechos laborales y humanos e incluso tragedias familiares generadas por esas situaciones.

De “segundas manos” y peones

El movimiento que existe en las minas del Cerro Rico responde a relaciones laborales no del todo claras, pues los socios cooperativistas trabajan sus vetas, pero también practican la subcontratación, explican algunos especialistas. Estas subcontrataciones, en su mayoría, se dan mediante acuerdos verbales y eso da pie a la omisión de derechos laborales y de seguridad social.

Según Héctor Córdova, expresidente de Comibol, desde la época de la relocalización de mediados de los años ochenta del siglo pasado hubo extrabajadores de la Comibol que quisieron continuar con buenas prácticas laborales. Sin embargo, de a poco, los cooperativistas ya no querían entrar a las minas porque los minerales repuntaron en precios y evitaban arriesgarse. “Entonces contrataron lo que se llama los ‘segundas’, que eran como los peones del cooperativista. Después, estos ‘segundas’ tenían mucha plata y ya ni siquiera ellos entraban y empezaron a contratar a los ‘terceras’, tercera mano. Y estos son jóvenes que no saben nada de minería y hacen mucho daño a la mina, a ellos mismos y al Cerro Rico”, explica a Página Siete Plus.

Según datos de Comibol, en la actualidad, existen 33 cooperativas activas en la icónica montaña de la ciudad de Potosí. Y según el cálculo de un socio de la cooperativa COMPOTOSI, existen alrededor de 20 mil mineros que ingresan a diario a extraer minerales, principalmente, sulfuros de zinc-plata-plomo. No se sabe a ciencia cierta cuántos son realmente socios y cuántos son segundas manos, terceras o peones. 

Al respecto, la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, cree que el territorio del Cerro Rico es hoy en día tierra de nadie. “Se ha vuelto un cooperativismo que no es sano, es una explotación del hombre por el hombre”, dice. Mientras que para la economista Ibeth Garabito, los Derechos Humanos nunca fueron bien valorados en el trabajo que se hizo en esas minas. Al tratarse de una economía informal, dice, los compromisos también se rigen en esos términos.

Pese a la vigencia de normativa que garantiza los derechos laborales de todas las personas que no son asociadas a las cooperativas mineras (DS 2892 de 2016) y de leyes que prohíben el trabajo delegado, salvo en situaciones de fuerza mayor como el impedimento físico temporal del cooperativista, “demostrado mediante certificación emitida por profesionales médicos” (Ley General de Cooperativas 356 de 2013), las condiciones injustas de trabajo al interior de las minas siguen vigentes.

Garabito, Córdova y el investigador Pablo Poveda coinciden en que las condiciones contractuales de trabajo en las minas no son justas. El segunda mano es socio del minero que es socio de la cooperativa, por lo que no es un socio directo de la cooperativa. Cuando se acuerda el trabajo con un segunda mano es porque el minero cooperativista, por lo general,  ya no desea trabajar. El segunda mano se encarga del trabajo y éste a su vez es que es el que subcontrata al personal, es decir a los terceras o a los peones. “A veces, cuando pasa algún accidente –y hay consecuencias de muerte– vamos con la viuda a reclamar sobre sus derechos laborales o sobre la indemnización y el que hace de segunda mano desaparece del escenario. La cooperativa dice ‘con nosotros no había ninguna relación obrero-patronal’. Hemos tenido esos casos”, afirma Garabito, quien tiene más de 35 años de trabajo en el Cerro Rico como investigadora de la problemática social y desde 2003 está a cargo de la Fundación Musol para colaborar, principalmente, con mujeres y viudas de mineros.

Para Córdova, la vulneración de derechos se da porque no son contratados legalmente. “No tienen derecho social, no tienen derecho laboral, ningún derecho. Ahí hay una vulneración fuerte de los trabajadores subcontratados por los cooperativistas. Luego, el riesgo que supone ingresar a áreas tan peligrosas es muy grande y es casi llevarlos a la muerte en algunos casos porque las galerías son muy frágiles”, afirma.

El cooperativista José Luis Alave, socio de COMPOTOSI, explica a este medio que en la actualidad, del total de personas que ingresan al Cerro Rico para explotarlo —entre 15 a 20 mil según su cálculo de flujo por época— existe una relación de 50-50 entre socios y segundas manos. “La situación es muy compleja. Cada socio queda solo y no puede abarcar los trabajos; es por eso que se acude a un segunda mano, porque el socio ha dejado sus años de servicio y viene el tema de la salud, ya no puede trabajar. Por ese tema se acude a un esquema de contratación de jornaleros”, dice.

Alave es consciente de que puede darse la figura de omisión de derechos laborales al practicar la subcontratación. “Será una cierta cantidad que se descuida, pero otros cumplen con esos requisitos (de darles seguridad laboral)”. Sin embargo, él no tiene los datos precisos o estimaciones de en qué medida se dan estas subcontrataciones.

Sobre este tema, el Ministerio de Trabajo no ha querido pronunciarse al menos hasta el cierre de esta investigación. El 11 de mayo de 2023 Página Siete Plus solicitó a esa cartera, mediante una carta, información respecto a las labores que se desarrollan al interior de las minas del Cerro Rico de Potosí como la vulneración de derechos laborales o una estadística actualizada de accidentes y muertes al interior del cerro. También se elevó consultas sobre las denuncias de trabajo adolescente, las condiciones relacionadas a ergonomía y los controles de uso de equipos de protección personal. 

Lesiones, accidentes y muerte

Además de las prácticas contractuales poco claras, también hay otros factores que colocan al trabajo al interior del Cerro Rico en una posición de escrutinio público. Por un lado están las malas posturas físicas de los trabajadores y potenciales enfermedades derivadas de ello. Por otro, los accidentes y, finalmente, también las muertes que se registran cada año en la montaña que, según estimaciones de la prensa local, son semanales.

En relación a lo primero, hay algunas bocaminas en el Cerro Rico en las que una persona de estatura mediana debe agacharse bastante para ingresar, transitar y luego, de salida, acarrear pequeños vagones del tamaño de un carrito de supermercado, pero mucho más pesados por la carga mineral. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el sector Santa Bárbara de la cooperativa 9 de Abril. Una mañana de febrero de 2023 este medio visitó el lugar junto con Mario Tarqui de Fedecomin, y se pudo observar el menudo callejón de ingreso al cerro del cual entraban y salían mineros; con casco y linterna, pero encogidos y haciendo malabares con su cuerpo para poder avanzar en la búsqueda de mineral o salir de las minas.

“Hay lugares en los que no entra un ser humano de estatura y peso normal. Entonces, incluso meten niños, jovencitos. Yo he ingresado a una galería en la que llegado un momento tenía que entrar a gatas”, comenta a propósito Córdova. Esto sucede a contramano de lo que manda la Ley 535 de Minería y Metalurgia que establece como una de las bases prioritarias  para el trabajo en las minas la “seguridad industrial que obliga al cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional en toda la actividad minera”.

En 2012, los investigadores Armando Basagoitia y Katja Radon informaron que en el Sumaj Orck’o había una prevalencia alta, de más del 60%, de exposición frecuente a factores de riesgo ergonómicos y de dolor de espalda baja (50%). “Las condiciones de trabajo reportadas por mineros y sus efectos en la salud reflejan un ambiente precario de trabajo, ofreciendo una buena oportunidad para desarrollar diferentes intervenciones para eliminar riesgos y prevenir problemas de salud en las minas”, concluyeron en su estudio Prevalencia de factores de riesgo ergonómico y dolor de espalda en el trabajo minero en cooperativistas del Cerro Rico de Potosí. No obstante, al parecer esas condiciones siguen vigentes.

Slide 1

Una bocamina de dimensiones muy estrechas en el sector Santa Bárbara del Cerro Rico de Potosí

Slide 2

Trabajos de carga mineral en el sector Santa Bárbara

Slide 3

Lugar de descarga de minerales para posterior carga en camiones

Pero un dolor de espalda o una lesión pueden quedar chicos ante los accidentes incapacitantes e incluso la muerte. Y las noticias que dan cuenta de ello son constantes. Para muestra los siguientes titulares revisados en la prensa potosina y nacional de lo que sucede en el Cerro Rico los últimos cinco años. 

• “Un minero en Potosí muere intoxicado mientras realizaba trabajos al interior del Cerro Rico”.
• “Tres mineros mueren por asfixia al interior del Cerro Rico de Potosí”. 
• “Confirman la muerte de dos mineros en el Cerro Rico de Potosí”. 
• “Dos mineros son los heridos por la explosión de una carga de dinamita”.
• “Mayo 2019: ya son 15 los mineros muertos en accidentes laborales este año”. 
• “Siguen muriendo mineros en el Cerro Rico de Potosí”. 
• “2022: en Potosí cada 4 días un minero muere en accidentes”. 

Para Tarqui, las críticas que se hacen al sector minero, especialmente al de los cooperativistas, son un poco injustas. Este dirigente de 36 años es consciente de lo riesgoso que es estar en las minas, pero no halla otra alternativa laboral para las miles de personas que a diario entran al Cerro Rico. En su oficina, ubicada en la zona central de la ciudad de Potosí, llama la atención una frase inscrita en la pared: “El paraíso de un minero siempre es bajo tierra. La única luz es la de su lámpara”.

Si bien los mineros hoy llevan linternas para iluminar su ingreso y búsqueda de mineral, en otros tiempos habían lámparas que, según el cooperativista Miguel Delgadillo Velásquez, eran útiles para identificar a tiempo un gas venenoso que puede matar a alguien en cuestión de minutos. “Aquí hay un gas que no tiene olor, color, ni sabor. Antes teníamos las lámparas a carburo de calcio que nos ayudaban a detectarlo, ahora estas lámparas no nos ayudan en nada. El año pasado murió una familia completa aquí en la mina, el papá, los dos hijos y los dos yernos, cinco personas” a raíz de estos gases, cuenta Delgadillo desde el campamento de Pailaviri en las faldas del Cerro Rico.

Además del gas y de los accidentes mecánicos, hay otro mal que afecta a los mineros: la silicosis. Se trata de una enfermedad crónica del aparato respiratorio que se produce por haber aspirado polvo de sílice en gran cantidad. “Mi padre fue minero, mi abuelo fue minero, pero ellos ya murieron con la enfermedad de la silicosis”, dice Delgadillo. Esa misma dolencia es la que aqueja actualmente a su colega José Luis Alave. 

A sus 40 años, Alave aparenta un poco más de edad. Luego de dos décadas de su primera incursión en la minería parece resignado a lo que le toca. Desde uno de los pasillos interiores del Cerro Rico cuenta que por continuar la vida de su padre fue entrando con sus hermanos de forma consecutiva a la montaña. “Mi papá ha fallecido a sus 33 años con silicosis, mi abuelo a sus 36”, cuenta mientras confirma que él ya fue diagnosticado con la enfermedad “Cada minero que entra tiene (silicosis), es inevitable”, responde.

Trabajo de menores

Muchos de los mineros que hoy en día ingresan a las minas heredaron ese oficio de varias generaciones. En palabras de Delgadillo: “ser minero es una tradición”. Eso se debe, por una parte, dice el investigador Jocelyn Michard, a la ausencia de fuentes alternativas de empleo en localidades mineras, y por otra, a un ingreso obligado ante la muerte del padre. Y así, complementa Garabito, adolescentes y jóvenes deben entrar a la mina para sostener a sus familias.

Hay casos en los que “los adolescentes han tenido que insertarse al mercado laboral en la mina, especialmente los hijos mayores de 16 y 17 años”, dice Garabito. “Incluso he sido testigo de algunos que estaban en la universidad cuando su padre (minero) ha fallecido y han tenido que entrar a trabajar en la mina para ayudar en la sobrevivencia familiar”, añade.

Pero ese no es el único motivo de iniciación temprana en el trabajo minero. Esta investigadora comenta que hay varios trabajadores, ahora adultos, que hicieron su primer ingreso a las minas a los 12 o 13 años. En 2014, una investigación de la Defensoría del Pueblo de Potosí daba cuenta de 145 adolescentes que estaban trabajando en el lugar.

Según la Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan, en Bolivia hasta 2016 había 739 mil menores trabajadores de entre cinco y 17 años y 154 mil de ese total hacían trabajos peligrosos. Eso ocurre a pesar de que el Código Niño, Niña Adolescente (CNNA) prohíbe, entre otras 10 actividades, la labor de minería por su naturaleza peligrosa y de que está calificada por la Organización Internacional del Trabajo como una de las peores formas de trabajo infantil.

El 16 de febrero de 2022, personal de tres instituciones verificó que 23 menores de edad estaban trabajando en el Cerro Rico. En esa fecha, El Potosí informó que miembros de la Jefatura Departamental del Trabajo, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la Delegación de la Defensoría del Pueblo de Potosí constataron el hecho.

“Hemos encontrado en el área sur del Cerro Rico a 21 adolescentes varones y dos mujeres de entre 13 a 17 años, ingresando a interior mina y disponiéndose a cumplir otras labores en áreas mineras externas. Otro aspecto que llama la atención es la procedencia de los adolescentes, porque todos son del área dispersa del departamento y algunos de otras regiones”, informó en ese entonces la Delegada Defensorial de Potosí, Vilma Martínez.

La Presidenta de Comcipo lamenta que ante la evidencia de años y años de reportes y denuncias de menores de edad trabajando en las minas de la famosa montaña, esa situación no haya cambiado.