El deterioro avanza pese a llamados para su preservación

Cerca de 20 mil mineros socavan el Cerro Rico en medio de la precariedad y la permisividad del Estado

HERENCIA: Los cooperativistas, muchos de ellos empíricos, trabajan en condiciones y ambientes legados por la Comibol hace 38 años.

Cuando uno se sumerge en las profundidades del Cerro Rico de Potosí experimenta un viaje en el tiempo. Travesaños de madera instalados a mediados de los 60 son el principal soporte de los túneles por donde los mineros a diario entran a las minas a buscar o explotar minerales; cuartos en desuso, que en otra época fueron enfermerías o espacios para el control del personal, y ascensores con rústicos sistemas de poleas dan cuenta de lo poco que se ha modernizado al interior del cerro.  El Estado no hace controles rigurosos sobre el trabajo que allí se desarrolla y como consecuencia más de 20 mil mineros trabajan en medio de la precariedad y un alto riesgo.

El desfile de mineros hacía las bocaminas del Cerro Rico inicia muy temprano y se extiende por varias horas. Miguel Delgadillo, socio de la cooperativa COMPOTOSÍ, estima que los cerca de 20 mil trabajadores buscan nuevas vetas, o explotan las ya existentes, pese a que el Cerro presenta más de 100 hundimientos y registra permanentes derrumbes internos.

Pero esa no es la única razón para el deterioro del también conocido como  Sumaj Orck’o. En las últimas décadas no hubo modernización en los métodos de extracción de minerales y las prácticas actuales, con mineros más “empíricos” que técnicos son otra de las causas del continuo daño que sufre el coloso potosino en sus entrañas. Sumado a ello, el Estado lejos de regular y controlar la explotación de minerales, ha brindado condiciones favorables para que el sector cooperativo siga operando en medio de esa precariedad.

En la actualidad el Cerro Rico es explotado “netamente” por cooperativas mineras, explica a este medio Ramil Silvestre, actual gerente de la Comibol oficina regional Potosí. Señala que desde 1985, éstas ganaron terreno cuando la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) cerró sus actividades en el lugar y que aunque han pasado 38 años, hoy aún es posible ver en uso parte de la herencia estructural de aquellos tiempos. Al ingresar por Pailaviri, se puede observar, por ejemplo, travesaños rectangulares de madera en la parte superior de los corredores. Parecen vigas de cemento que resisten el peso del cerro en ciertos sectores para de esa forma conservar su forma de túnel; pero al acercarse y tocar el material, es madera. “Eso es desde la Comibol, maderas bien tratadas que traían desde afuera, parece concreto”, dice el minero José Luis Alave mientras acompaña a este medio en un recorrido interior mina en febrero de 2023.

También es posible ver cómo algunos espacios que en su momento fueron cuartos de enfermería, u oficinas para controlar personal, están en desuso en relación a sus fines originales y son utilizados como sitios de descanso. Los buzones — una especie de resbalines para deslizar la carga mineral de niveles más altos— son otros equipos que los mineros emplean en su trabajo diario.

Todavía hay escaleras de hasta 90 metros de altura que permiten la interconexión entre tres niveles o pisos de la montaña. Además, hay un par de ascensores y sistemas de poleas (llamados guinches) para carga de minerales y transporte humano; uno es el de Cuadro Bolívar y otro del Cuadro Central, ambos de al menos mediados del siglo pasado.

Para el economista Pablo Poveda el trabajo al interior del cerro potosino reproduce las formas de trabajo que se usaban en Comibol. “Los yacimientos, reservas, infraestructura, maquinaria, herramientas favorecen a un núcleo del cooperativismo minero que surge con la relocalización en los ochentas”, explica Poveda en el libro Formas de producción de las cooperativas mineras de Bolivia (2014).

Cooperativistas fomentan la precariedad

En las dos últimas décadas, el sector cooperativo minero se ha fortalecido. Desde el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) destacan una serie de facilidades para ese ramo a partir de beneficios impulsados por el Gobierno. “Ha demostrado que puede soportar mejor el escenario de precios internacionales por sus bajos costos de operación” en relación a otros subsectores de la minería, se lee en la décimo primera edición del Boletín Q’ujta del Viceministerio de Cooperativas Mineras, publicada el 2021.

El documento también afirma que el crecimiento, en cantidad de cooperativas, en el período de la “Economía Plural” (2006-2021) es muy superior que aquél derivado de la “relocalización y el desempleo” (1985-2000). Por último, destaca que desde la década del 2000 hasta el 2021 el número de cooperativas mineras se triplicó en Bolivia.

En el reportaje 15 años de normativa a la medida de los cooperativistas mineros en Bolivia, el portal de periodismo Guardiana detalla cómo desde 2006, año que el Movimiento Al Socialismo ingresó al poder, se forjó una alianza estratégica entre gobierno y sector cooperativo. Una muestra de ello fue el impulso que la cartera de Minería le ha dado a dado al sector con la promulgación de la Ley 356 General de Cooperativas de 2013, de la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014 y con la implementación de una “asistencia técnica y financiera” para el sector.

Desde entonces, los mineros cooperativistas son más frecuentes en las esferas de legislación y toma de decisiones. Por ello, no es casual que el primer ministro de Minería del primer gobierno del MAS (2006-2009) fuera el minero cooperativista Walter Villarroel. Sumado a ello, en la actualidad hay legisladores nacionales de filas cooperativistas a la cabeza de diversas instancias como el Viceministerio de Cooperativas Mineras. También se puso en funcionamiento el Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), “una institución no bancaria del Estado que otorga préstamos al sector minero cooperativista” y que ya benefició a al menos 475 socios de cooperativas.

Por otro lado, la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, identifica a los cooperativistas mineros como piezas importantes en el esquema de producción minera nacional. En el artículo 369 numeral I se los reconoce “como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas”. En tanto que en el artículo 370 numeral II se dispone que el Estado “promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país”.

Cooperativas mineras en Bolivia por período

En la actualidad, según datos de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí y de Comibol, existen 109 cooperativas afiliadas a nivel departamental a Fedecomin, de las cuales 33 están activas operando en el Sumaj Orck’o. Si bien existe un crecimiento en número de cooperativas y de cooperativistas, las condiciones de trabajo, al menos en el Cerro Rico, no han mejorado para este sector.

Esto mismo confirmó Página Siete Plus en el terreno. En una visita al Cerro Rico, el minero Jose Luis Alave detalló algunas formas en las que se extrae el mineral. “En su mayoría nosotros somos empíricos y a la suerte hacemos los recortes. Así ubicamos a cuántos metros está la próxima veta. A ojo de buen cubero le damos”, expone mientras señala una marca grisácea en forma de rayo dibujada en el techo del pasillo por donde se hace el recorrido. “Esa es una veta principal de zinc”.

En promedio, en una época normal, ni alta ni baja, un socio cooperativista puede llegar a ganar seis mil bolivianos al mes, refiere Alave. De ese total, un minero promedio, dice este cooperativista, reinvierte para comprar algo tan básico como coca para seguir trabajando hasta para ampliar sus áreas de trabajo y hacer prospección.

En un contacto reciente con este medio, el investigador Poveda afirma que los cooperativistas trabajan casi de manera manual, sin planificación y de forma desordenada.  y como consecuencia el riesgo en su estructura es cada vez más alto. En esa misma línea, el especialista en minería Héctor Córdova añade que ya no se puede extraer minerales del Cerro Rico de forma profesional porque al interior ya no hay condiciones para hacerlo de esa manera.

“En minería tenemos siempre un orden bien claro. Entre galería y galería, en el sentido horizontal, debe haber una distancia de 40 metros y en el vertical, también 40 metros. Pero en tanto tiempo de explotación, estas galerías ya no guardan la distancia. Ahora a veces son 30 centímetros de espesor entre una galería y otra y es muy peligroso”, dice Córdova, analista de Fundación Jubileo.

Como consecuencia de esas condiciones de trabajo y de los siglos de explotación continua, el cerro ha perdido su estructura cónica original y los hundimientos, que hasta fines de 2022 según Comibol eran al menos 113, son cada vez más frecuentes. Además, los accidentes y muertes de los mismos cooperativistas o de trabajadores subcontratados, conocidos como “segunda (o tercera) mano”, son al menos semanales en promedio.

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Trabajos de relleno de la cima bajo la supervisión de Comibol según refirieron trabajadores a la concejal Reyna Menacho en enero de 2023

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En la otrora cima hay un gran cráter

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Uno de los hundimientos antes de llegar a la cima del Cerro Rico

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Al ascender al Cerro Rico por su parte exterior es común ver grietas por doquier

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Rajadura en la cima del Cerro Rico

Un Estado permisivo

En 2017, el Ministerio de Minería identificó una serie de inconvenientes para hacer una buena gestión en el sector. En su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, reveló que había: institucionalidad estatal débil en minería en los tres niveles (central, gobernaciones y municipios), predominio de intereses corporativos, instituciones públicas que no cumplen sus funciones, escaso monitoreo e información incompleta, fragmentada y no pública sobre operaciones mineras.

En la actualidad, el único ente del Estado cercano a una función de administración en el Cerro Rico es la Comibol. Pero su alcance para hacer fiscalización o controles no es suficiente. Silvestre explica que lo que hacen es un “contrato por bocamina” que implica, en pocas palabras, un permiso para explotar vetas según un proyecto presentado a Comibol por determinada cooperativa. Más allá de eso, las cooperativas deciden al interior de la montaña. “Si tú rentas un departamento como dueño, vas a fiscalizar que no hagan bulla, que no hagan daño, pero el acomodar el catre, el cocinar depende del que va a arrendar el departamento”, ejemplifica. “Algunas cosas salen de nuestras manos”, complementa Silvestre.

Sobre la dificultad de hacer controles, un vecino de Pailaviri, barrio cercano al Cerro Rico, cuenta que durante las noches, es cuando más se ven las luces de las volquetas subir y bajar por las faldas del Cerro Rico. “Las extracciones de carga las hacen de noche para (…) para que nadie fiscalice”, dice esta persona que prefiere resguardar su identidad.

Según el economista Franz Flores, en el caso concreto del Cerro Rico, el distanciamiento del Estado con el poder y control real de la minería se dio a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado. “Al cerrar la Comibol (en 1985), (se) cierra el instrumento que tenía el Estado de control del espacio minero. Es como si el Estado se hubiera suprimido de su responsabilidad de los espacios mineros. Entonces, es cuando entra la minería mediana y la minería cooperativista”, explica Flores, autor de El esplendor inútil. Potosí ante el Estado boliviano, publicado recientemente.

Hoy en día, tanto la concejal Reyna Menacho, como la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, cuestionan la labor estatal para preservar el Cerro Rico. Menacho considera que al tratarse de un patrimonio más que de un yacimiento, desde el Gobierno central se debe instruir a los ministerios de Minería y Culturas trabajar en políticas efectivas de preservación.

Entre 2014 y 2022, desde el Ministerio de Minería se emitieron cuatro resoluciones ministeriales (135/2014, 293/2014, 099/2017 y 105/2022) relativas al control y seguimiento de actividades en el Cerro Rico. Según una respuesta de Petición de Informe Escrito —solicitado por la senadora Daly Santa Maria Aguirre—, el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, informó en mayo de 2022 que el objetivo de realizar un “celoso seguimiento” de la explotación es velar por la estabilidad de la montaña y preservar su morfología. No obstante, los trabajos sin mayor control estatal, y con masiva presencia cooperativista, continúan, así como los deterioros.

Respecto al cerro en tanto patrimonio, Graz observa que no hay una gestión efectiva del Ministerio de Culturas para su salvaguarda. “Hasta el momento no ha tenido acciones concretas y certeras”, dice. El 20 de agosto de 2021 la titular de Culturas, Sabina Orellana, participó, junto con Villavicencio, de una reunión en la que se crearon dos comisiones para preservar y buscar otras áreas alternativas  de trabajo para los mineros. En esa ocasión hubo muchas voces, incluso de autoridades nacionales y locales, que hicieron eco de la necesidad de proteger a la histórica montaña. Sin embargo, nada parece haberse concretado. En enero de este año, Orellana, afirmó en una rueda de prensa que no era tuición de su Cartera “sacar” a los cooperativistas del cerro, según informó El Potosí.

El Cerro Rico fue reconocido patrimonio del país en varias ocasiones. En 1943, mediante el Decreto Supremo 072, y luego con la Ley de 21 de noviembre de 1945 se lo declaró “Reliquia Nacional”. Décadas después, en 1987 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió a la ciudad de Potosí en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad con la famosa montaña como emblema. En 1990 el macizo fue declarado “Monumento Nacional” mediante la Ley 1197.

No obstante, en 2014 la Unesco incluyó a Potosí en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. La “degradación potencial del sitio histórico por las operaciones mineras; inestabilidad y riesgo de derrumbe del Cerro Rico” fueron algunos de los motivos para que se tome esa decisión que fue refrendada en 2021.

El 22 de diciembre de 2022, la concejal Menacho solicitó mediante una nota oficial que los diputados Abelardo Colque Vicente y Juan José Torrez Pacheco, miembros de la Brigada Parlamentaria de Potosí, viabilicen una interpelación a la ministra Orellana sobre la situación del Sumaj Orck’o. Esta concejal se apoya en la Sentencia Constitucional 1062/2022-S4 de 19 de agosto de 2022 que estipula, entre otras resoluciones, que el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización “como órgano rector del patrimonio cultural boliviano asuma efectivas medidas de protección del Cerro Rico de Potosí”.

Han pasado más de cuatro meses y hasta el momento Menacho no obtuvo una respuesta de los legisladores. Sobre esta petición, el diputado Torrez aseguró no haber recibido la nota desde su Brigada y que se enteró de la misma, tras ser avisado de la existencia de esta carta por medio de Página Siete Plus. En contacto con este medio aseguró que como bancada de Comunidad Ciudadana están trabajando en elaborar una Minuta de Comunicación y una Petición de Informe Oral (mecanismos legislativos de información y fiscalización) a los ministros de Minería y de Culturas sobre la situación del Cerro Rico.