Los contenidos de los textos educativos repartidos por el Gobierno, fueron motivo de reclamos por parte de los padres, pero éstos a la fecha no tuvieron respuestas. Según denuncian, el Gobierno aprueba los contenidos de estos textos con una junta de padres paralela afín al partido. Según datos del Servicio de Contrataciones Estatales, el Gobierno destinó entre 2021 y 2022 un total de 98,4 millones de bolivianos en la producción y distribución de estos libros.

“El MAS es fuerte con el tema del adoctrinamiento, al mismo estilo que en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuando estaba el ministro Roberto Aguilar se hicieron los reclamos, pero él los minimizaba. Se hicieron sugerencias, pero no se hizo nada”, contó José Antonio Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia.

Tanto él como el resto de padres que forman parte de esta agrupación manifestaron su preocupación por el adoctrinamiento del gobierno de Luis Arce al que sus hijos son sometidos. Pero sus reclamos fueron ignorados y por el contrario el Ministerio sólo escuchó los puntos de vista de los padres de familia afines al partido.

Para el presidente de Padres y Madres de las Juntas Escolares del Macrodistrito Centro de La Paz, Daniel Caballero, a través de los textos escolares “se quiere borrar la historia de Bolivia” con la complicidad de “una junta de padres de familia que lastimosamente es servil” al Ministerio de Educación. “Ellos hacen y deshacen, tenemos una mordaza y no podemos decir lo que es bueno o lo que es malo para nuestros hijos”.

Pero el Ministerio de Educación no hace oídos sordos sólo con los padres, también lo hace con la prensa cuando solicita información. No da cuenta de la inversión realizada para elaborar y distribuir estos textos escolares, ni tampoco sobre el procedimiento que se sigue para su producción. Tampoco aclaran, ni argumentan el por qué de este contenido de adoctrinamiento político en estos libros. El pasado 23 de junio de este año, Página Siete Plus Investiga solicitó a la oficina de Comunicación una entrevista con el Ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, o algún responsable para abordar este tema, pero hasta el cierre de esta investigación, cinco meses después, no se obtuvo una respuesta.

Sin embargo, mi búsqueda de una contraparte no se quedó en la solicitud formal. En una conferencia de prensa realizada el 1 de noviembre, consulté con Pary sobre el contenido de estos textos, pero él eludió el tema y respondió de forma escueta que no se pueden hacer acusaciones con base en declaraciones de “un dirigente trotskista” o un “diputado de la extrema derecha”. Resaltó la participación de maestros y padres de familia en la elaboración de los documentos y añadió: “Es importante ser imparciales, hay que reflexionar y analizar desde qué punto de vista se viene trabajando”. Además, ese día se comprometió la información solicitada, aunque hasta el cierre de este trabajo su despacho no entregó su correspondiente descargo.

Lo que se conoce de forma pública es que en abril del 2021, casi cinco meses después de que Luis Arce asumiera la presidencia, se aprobó la Ley 1369 que permitía el traspaso de 43,9 millones de bolivianos al Ministerio de Educación destinados a generar “contenidos educativos digitales e impresos para el Sistema Educativo Plurinacional y al pago de servicios de nube y transmisión satelital”. Después de la aprobación de la norma, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo que el dinero se usaría también para la logística de distribución de textos del segundo y tercer trimestre, los cuales llegarían “al 100% de los estudiantes que están inscritos a nivel nacional”.

Es poco probable que estos textos hayan llegado efectivamente al 100% de estudiantes, ya que no en todos los establecimientos los utilizaron, principalmente en los privados.

Después de la primera tanda de textos vino una segunda para la gestión 2022. Hasta mediados de este año, el Ministerio de Educación destinó al menos 98,4 millones de bolivianos en la impresión y distribución de textos escolares en ambas gestiones, según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). El gran beneficiario, en términos económicos, fue la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, que se adjudicó 98,2 millones de bolivianos en impresiones de textos a través de contrataciones directas.

El equipo de redacción de los textos depende del mismo Ministerio de Educación, según se lee en los libros. En el caso de los que son de secundaria la redacción correspondería a la Dirección General de Educación Secundaria.

El exministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo no conocer con precisión cómo se elaboraron estos últimos documentos, pero que lo común en estos procesos es realizar una convocatoria a maestros en el sistema educativo que después son seleccionados por el mismo Ministerio.

Aguilar aseguró que en su gestión no se publicaron “de manera masiva” textos escolares y que se intentó que los mismos profesores elaboren su material.

Texto de apoyo para los maestros, publicado en 2016 por el Ministerio de Educación.

Uno de los textos elaborados en la gestión del ahora exministro Roberto Aguilar (2017) para apoyar la labor docente.

En una extensa conversación a través de Zoom – que duró casi dos horas- el exministro defendió la idea de que no existe adoctrinamiento en los textos, sino la transmisión de una ideología. Lo primero no es igual a lo segundo. Adoctrinar es imponer una forma de pensar, pero ideologizar es difundir una forma de ver y entender el mundo, recalcó.

“En el contexto de los textos educativos, lo que se tiene que tratar de evitar imperiosamente es el adoctrinamiento. Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar elementos de adoctrinamiento, pero ahí viene la pregunta: ¿dónde está el adoctrinamiento?”, relativizó Aguilar.

Por otro lado, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, Andrés Huayta, manifestó que su sector está en contra del adoctrinamiento hacia los estudiantes y que la educación debería ser una política de Estado, antes que de un solo partido político. “Siempre cuestionamos que la administración de la educación y de la currícula sea politizada. Necesitamos formar personas contestatarias, que piensen”, concluyó.