Avasallamientos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz marcados por la corrupción y violencia

Avasalladores “profesionales” operan con redes de corrupción 

Tanto en predios privadas como fiscales, los loteadores actúan con grupos de choque armados, construyen casas tiempo récord y obtienen papeles duplicados con aval oficial.

Los avasalladores se han “profesionalizado” en la toma ilegal de tierras. Actúan con grupos de choque, incluso armados, que se asientan en predios privados o fiscales y en tiempo récord construyen casas y logran servicios; también obtienen papeles duplicados que en muchos casos tienen aval oficial y para ello se articulan en redes que, según las denuncias, incluyen funcionarios de entidades encargadas del control.

En las ciudades, los loteadores apuntan a predios limítrofes entre municipios e incluso presentan títulos avalados por Derechos Reales o por alcaldías. En el área rural, su objetivo son las tierras fiscales y para obtenerlas “inventan” comunidades fantasmas. En todos los casos, la violencia es el denominador común.

El Tribunal Agroambiental, a mayo de este año, atendía 1.435 casos de avasallamientos en el país: 716 casos corresponden a Cochabamba, 243 a Santa Cruz; 241 a Tarija; 218 a La Paz; 216 a Chuquisaca; 139 a Potosí; 119 a Beni; 112 a Oruro y 15 a Pando.

Sin embargo, las denuncias que no llegan a esta instancia son muchas más. Algunos casos barriales se quedan las alcaldías, que no hacen públicos sus registros de loteamientos.

“Los loteadores ya actúan de forma profesional. Tienen grupos de choque, contactos en la Alcaldía de La Paz, en las de los municipios vecinos y en Derechos Reales. Sino ¿cómo consiguen los papeles?”, cuestionó Víctor Cabrera, vicepresidente de la junta de vecinos de Irpavi, una de las zonas más avasalladas de la sede de gobierno.

En esta situación, los propietarios legítimos están desprotegidos. Pese a sus reclamos, no hallan respuestas en los gobiernos municipales ni en Derechos Reales ni en el  Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y tampoco en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Redes de corrupción

En mayo pasado, decenas de autodenominadas víctimas de avasallamientos realizaron marchas y protestas en Cochabamba, Arbieto y en Sacaba. “Exigimos que se detengan los loteamientos y asentamientos ilegales, parecen que están protegidos por funcionarios”, reclamaba uno de los movilizados.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba denunció ante la Fiscalía departamental a una red de funcionarios del INRA e identificó  55 loteadores que trafican con tierras productivas, predios fiscales y áreas verdes. El titular departamental de  la entidad, Armando Mita, negó las acusaciones y pidió pruebas.

Las sindicaciones contra el INRA se extienden hasta el oriente y también salpican a la ABT. Además de corrupción, se apunta a la protección política.

 “El tráfico de tierras se intensificó desde 2011. El consorcio llamado ‘INRA paralelo’, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y ‘blanquear’ antecedentes jurídicos para entregar tierras fiscales al mejor postor. En lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz, fueron alejados de sus cargos públicos”, se lee en un informe de Fundación Tierra.

“Hemos notado cierta pasividad tanto en la autoridad departamental del INRA como también de la ABT de Santa Cruz. Las denuncias por avasallamiento y el aprovechamiento ilegal de madera no es atendido oportunamente. Las autoridades deben tomar muy en serio esta situación”, advirtieron desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

El director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, informó que el 96% de tierras fiscales en el oriente fue entregado a aliados del MAS como Bartolinas o  interculturales. “El objetivo es tener control político del espacio territorial”, apuntó.

Títulos duplicados o falsos

Tanto en el área urbana como en la rural, los loteadores identifican terrenos vulnerables por vacíos legales, producto de los precarios registros oficiales.

“Pasa mucho, no solo en avasallamientos, si no en urbanizaciones. Venden los terrenos, pero no entregan los papeles. Cuando uno ya está construyendo aparece otra persona con folio. Ahí empieza el conflicto por el mejor derecho propietario, ya que ambos tienen papeles”, dijo el viceministro de Defensa al Consumidor Jorge Silva.    

 “Derechos Reales está implicado en el circuito de tráfico de tierras urbanas. Es parte de esa organización en la que están las Alcaldías, que aprueban planos y dejan construir sin ningún  tipo de fiscalización. La víctima es el ciudadano, el usuario”, recalcó.

En Santa Cruz, por ejemplo, una urbanización tiene 19 dueños y los 19 tienen folio real. “Es  estructural”, sostuvo Silva y recalcó la necesidad de transformar Derechos Reales, comenzando por su sistema informático.

Piedras, palos y armas

Otra de las características de los avasallamientos es la extrema violencia con la que se realizan las tomas. En la región cruceña de Guarayos, casos como Las Londras evidencian que los grupos están armados y dispuestos a torturar o matar.

“Muchos avasallamientos encubren otras actividades ilícitas como ser explotación de madera ilegal o el narcotráfico”, alertan desde Fegasacruz. Pese a las evidencias, la mayoría de las tomas ilegales que dejaron heridos siguen impunes.

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