Una comisión interinstitucional investiga las denuncias de toma ilegal de tierras

En la Llajta avasallan a plan de machete y levantan viviendas en tiempo récord

De acuerdo al INRA, 10 sectores en el departamento son objeto de constantes tomas de propiedades privadas o fiscales. Los avasalladores instalan carpas primero y rápidamente construyen casas.

Desde el kilómetro 9 de la carretera antigua Cochabamba – Santa Cruz, antes de llegar a La Angostura, se divisa un centenar de pequeñas casas de una habitación construidas con ladrillo. Están a las orillas del río, sobre cultivos o en la cima de los cerros. Las familias que allí habitan no tienen aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ni de Derechos Reales (DDRR) que respalden que son dueños de esas tierras.

Algunos señalan a los habitantes de ese asentamiento como avasalladores; otros están convencidos de que fueron estafados, mientras que ellos aseguran que solo hicieron posesión de la tierra que les pertenece. Al sueño de poseer una vivienda propia no tardó en convertirse en una pesadilla no solo para ellos, sino también para los dueños que buscan recuperar su propiedad.

Crédito: María Mena.

El conflicto por la tenencia de tierra, según el  INRA, se extiende en 10 sectores de Cochabamba: la hacienda Canelas y Tajra en el municipio de Arbieto; el parque ecoturístico Incachaca en Colomi; Albarrancho, Pampa San Miguel, Arrumani y Caico en Cercado; además de Kewiñal, Florida Norte de Sacaba y Villa Copacabana en  Tolata.

Pero las denuncias de avasallamientos son más en el valle. En agosto, tras la presión de diferentes sectores y de víctimas de tráfico de tierras se conformó una comisión interinstitucional para investigar 31 denuncias formales de loteamientos en diferentes sectores del departamento.

Esta comisión está conformada por el Defensor del Consumidor, Fedjuve, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, la Policía y el INRA.

De carpas a cuartos  de ladrillo

“Nos hemos asentado en carpas para tener nuestro lotecito. Hemos venido desde Totora. Tenemos familia, somos trabajadores, no somos loteadores. Vivimos con nuestras wawas y hay mujeres embarazadas”, dice Luis rodeado de una decena de vecinos durante una protesta en la tranca del kilómetro 10 del Valle Alto.

Sus compañeros se apresuran en mostrar un folder con documentos que supuestamente avalan la posesión de esas tierras. “El apoderado-vendedor de su libre y espontánea voluntad compromete, la compra venta a favor de los compradores 200 lotes de terreno”, se lee en la parte tercera del documento de compra y venta firmado, ante un notario público, por el apoderado de esa propiedad, Marcelo Canelas Méndez, y tres representantes del grupo Totora, el 7 de mayo de 2019.

Crédito: María Mena.

En ese documento, el propietario reconoce que recibió 217.800 dólares por los lotes y otros 5.000 dólares como “aporte voluntario” para que consolide el derecho propietario de los compradores. Sin embargo, no detalla la superficie que corresponde a cada comprador ni desde cuándo puede hacer posesión.

Eduardo Arze, abogado de Marcelo Canelas, asegura que los asentados que provienen de Totora no pagaron la totalidad del precio de esa propiedad y que antes de asentarse ilegalmente en esos predios debieron iniciar un proceso en la vía civil.

“Cuando uno paga todo puede reclamar, pero no se reclama entrándose al terreno sino por la vía civil. Los documentos que tienen los vamos a refutar en su momento en los juzgados respectivos”, recalca Arze.

Los compradores aseguran que realizan depósitos desde hace 13 años y, cansados de no recibir una respuesta del vendedor, decidieron asentarse en carpas en los terrenos en los comparten una olla común.

 “Yo pagué mil dólares hace 13 años. Nos vinimos con mi esposo y mis cuatro hijos que son pequeños para tener nuestro lote”, relata Cristina. Sostiene un balde lleno de agua turbia que recogió del río para hacerla hervir y usarla para cocinar.

En menos de tres meses, de vivir en precarias carpas pasaron a habitar en pequeñas construcciones de ladrillo de una sola habitación y techo de calamina. Ya están asentados ilegalmente y reaccionan con desconfianza y violencia ante desconocidos por temor a ser desalojados.

Hacienda lechera

No es el único asentamiento en propiedad de la familia Canelas. A menos de 500 metros de La Angostura, sobre una superficie de 56 hectáreas cultivables, se levantan decenas de precarias casas de ladrillo de un cuarto cuyos habitantes no tienen papeles de propiedad.

La familia Canelas posee documentos que demuestran que es dueña de 1.400 hectáreas en el municipio de Arbieto. Denuncia que desde hace cinco años es asediada por grupos de loteadores que construyen precarias viviendas con el fin de consolidar su posesión ilegal.

Según los propietarios, estos asentamientos ilegales además ponen en riesgo la producción de leche debido a que toman  tierras de cultivos y canales de riego, principales recursos para la subsistencia del ganado vacuno.

Luz Marina Canelas, hija del  propietario de la hacienda Angostura, Enrique Canelas Tardío, emprendió una batalla legal para recuperar la propiedad que pertenece a su familia  hace más de 100 años. “Toda la zona, al este y oeste, está siendo avasallada por grupos de loteadores que han visto un negocio redondo en el tráfico tierras. Los terrenos son de mi familia, tenemos papeles legales”, recalca.

El personal del INRA intentó, en más de una oportunidad, ingresar a esos predios avasallados, pero “grupos organizados” amedrentaron a los funcionarios impidiéndoles instalar carteles de avisos públicos de medidas precautorias.

El director regional del INRA, Armando Mita Zárate, precisó que las resoluciones de saneamiento, emitidas en 2015, fueron impugnadas y que el caso se encuentra en el Tribunal Agroambiental. Sin embargo, cuestionó  que algunos miembros de la familia Canelas hayan vendido los terrenos en disputa.

“Hemos visto los documentos (de compra y venta). Yo les dije ¿Si ustedes han vendido cuál es el problema? Ellos dicen que no”, sostuvo Mita.

A golpes en Albarrancho

Desde hace una década, los terrenos en Albarrancho, en el extremo sur  de la ciudad de Cochabamba, son objetivo de loteadores. Son 315 hectáreas, declaradas como tierras fiscales por el INRA, cuya propiedad es reclamada por el grupo Olmedo y por comunarios de la zona que intentan evitar los constantes avasallamientos de esas tierras.

En diferentes oportunidades se registraron enfrentamientos entre los habitantes del lugar y los loteadores que, de la noche a la mañana, construyen    casas muchas de las cuales ya cuentan con instalaciones eléctricas.

“Construcciones ilegales serán demolidas”, se lee en avisos en las principales vías de acceso a Albarrancho.

“Hemos presentados denuncias, pero no proceden. Ni Policía ni el INRA han logrado frenar a los avasalladores y por eso nosotros tenemos que actuar. No vamos a permitir que avancen”, advirtió Germán H., dirigente vecinal de Albarrancho.

Crédito: Opinión.

En 2019, vecinos y loteadores se enfrentaron con machetes, dinamita, palos y piedras. Una persona perdió un ojo y la mano derecha tras la detonación de un explosivo. Entonces, seis personas fueron enviadas a la cárcel acusadas de avasallamiento.

Con machetes y escopetas

“Tenemos conflictos en Incachaca, en el municipio de Colomi que es una zona turística”, informó el director del INRA sobre 120 hectáreas destinadas a la producción agrícola, piscícola y ganadera que son avasallados.

La propietaria legal de esos predios, avalada por el INRA y control social es la familia Orihuela Tórrez, y allí funciona el Centro Turístico Las Orquídeas.

“Temo por mi vida y la de mi familia, temo que nos maten en cualquier momento”, dice acongojado Raúl Orihuela luego de la última agresión que sufrió su familia el pasado 12 de agosto.

En esa oportunidad, medio centenar de personas ingresaron a la propiedad armadas con dinamitas, machetes y escopetas. Los dueños tuvieron que esconderse en el monte para salvar sus vidas.

Orihuela acusa a Pedro Quezada Laime de estar detrás de la toma ilegal de sus tierras. Muestra un fallo de 2021 del Juzgado Mixto de Sentencia del Trabajo y Seguridad Social N° 1 de Sacaba que determinó cuatro años de reclusión para Quezada por “robo y lesiones leves y graves” a raíz de un ataque anterior.

El exasambleísta Freddy Gonzáles, que denunció el avasallamiento en Incachaca en diferentes oportunidades, dice que al menos 2.500 hectáreas están en riesgo de avasallamientos. “Está en peligro la biodiversidad y el turismo en esa zona”, alerta.

Desde el INRA informan que la mayoría de las tierras en conflicto están en etapa de saneamiento y mientras ese proceso no concluya solo pueden emitir medidas precautorias de no fraccionamiento y no construcción, ante los avasallamientos. Pero muchas veces los funcionarios son hostigados y amedrentados por los loteadores.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Cochabamba denuncia que hay miembros del INRA implicados en los loteamientos que no paran.

Está es la tercera de cuatro entregas de la investigación de P7 Plus. Véala versión multimedia en https://periodismoconlupa.com

Fedjuve apunta a funcionarios del INRA por avasallamientos

Ante los crecientes casos de avasallamientos, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba se movilizó y denunció una red de funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria comprometida con los ilícitos. El INRA niega las acusaciones y pide pruebas.

“¿Piensan que se van a salvar? Les toca rendir cuentas a la justicia. Hemos presentado a la Fiscalía los nombres y apellidos de las personas involucradas en avasallamientos. Vamos a fiscalizar y no vamos a encubrir a los delincuentes, a los estafadores ni a funcionarios involucrados”, advirtió el presidente de la Fedjuve, Ángel Quispe

Crédito: María Mena.

Mostró una lista con nombres de 55 funcionarios supuestamente involucradas en tráfico de tierras en Cochabamba. La denuncia no incluyó pruebas.

La Fedjuve reveló esa lista días después de una marcha de las víctimas de avasallamientos en el valle alto en Arbieto, en la ciudad de Cochabamba y en Sacaba. En la protesta exigieron la renuncia del titular del INRA, Armando Mita.

“Los loteadores están ingresado a nuestras tierras. No respetan que tienen dueño, que hay sembradíos, casas o animales.  Los del INRA saben todo y no hacen nada, ellos son cómplices”, protestaba uno de los manifestantes en puertas de la Fiscalía Departamental.

El director regional del INRA negó las acusaciones. “No tenemos denuncias este año ni el año pasado. Escuché denuncias verbales, pero a la fecha no hay  documentos con nombres y apellidos para  actuar”, dijo Mita sobre las acusaciones contra funcionarios.

Terrenos vulnerables

Mary Imaca no teme  identificar a los avasalladores de las tierras que pertenecen a su familia desde hace más de 60 años en el municipio de Sacaba.

“Se han entrado a seis hectáreas que tenemos, vivimos con mucho miedo. Ellos trabajan día y noche haciendo aparecer casas en nuestros terrenos”, relata Mary Imaca sobre la toma ilegal que se inició hace un año en Villa Central Norte de Sacaba.

Acusa a la familia Arauco Ponce de utilizar documentos antiguos, de antes de la Reforma Agraria.  Y  muestra folios emitidos por Derechos Reales y minutas de transferencia desde 1954.

“Yo nací y crecí en este lugar. Mi padre, de 92 años, sigue trabajando en la tierra, él compró estos predios. Tenemos todos los papeles”, asegura Mary.

El año pasado, tras una disputa, la Policía intervino, pero las dos partes en conflicto mostraron folios emitidos en diferentes años argumentando que son los legítimos dueños de esas tierras. “Fuimos al INRA, mostramos nuestros documentos y establecieron que el folio que maneja la familia Arauco Ponce es falso y debe ser anulado”, indicó.

La familia Imaca acudió a la Policía, la Alcaldía de Sacaba, el INRA, Derechos Reales y la Federación de Juntas Vecinas para denunciar avasallamiento e intervención, pero a la fecha no hallan respuesta.

Página Siete llamó, en repetidas oportunidades, al representante legal de la familia Arauco Ponce, pero obtuvo respuesta.