La Alcaldía paceña encara 118 procesos contra loteadores

La Paz: avasalladores obtienen papeles y realizan tomas violentas y armadas

Loteadores “profesionales” operan con redes que duplican documentos de propiedad emitidos por Derechos Reales o permisos de construcción de municipios vecinos. Apuntan a la zona Sur.

La Paz es presa de avasalladores que, a decir de los vecinos, ya actúan de forma “profesional”. Operan con redes para duplicar documentos de propiedad y se apoyan en grupos de choque que ejecutan tomas cada vez más violentas. Ya no apuntan solo a terrenos, sino a construcciones.

La Alcaldía encara 118 procesos contra loteadores y avasalladores; pero carece de datos sobre los conflictos activos o de un diagnóstico sobre el problema que afecta también a lo privado. En la zona Sur, seis zonas son  muestra de un patrón que se extiende por todo el municipio.

A dinamitazo y con papeles

“En Callapa-Aruntaya vivimos amenazados de muerte. Son tierras de nuestros abuelos, vivimos aquí desde siempre. Pero  han aparecido supuestos dueños y compradores que quieren sacarnos. Entran volteando muros y puertas, detonando dinamita y con machetes.  Somos 46 comunarios y 400 adjudicatarios con folios reales”, dice el comunario Moisés Blanco.

Callapa-Aruntaya se encuentra en la zona Sur de La Paz, al final de Irpavi. Allí donde el macrodistrito Sur se une con la ladera este de la urbe.

Crédito: AMUN.

Si bien el conflicto data de hace muchos años, no fue visible hasta 2021, cuando en seis meses (de mayo a octubre) se registraron cinco intentos de avasallamientos a las casas del lugar. A punta de dinamitazos, bombas molotov, machetes y amenazas de prender fuego a las casas, un grupo de personas reclamó el lugar para los presuntos dueños.

“Procesos tenemos muchos, pero penales como tal solo tenemos 14, que vienen de varias gestiones atrás. Entre procesos civiles por mejor derecho propietario, por reivindicación tenemos 104”, señala el Director General de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de La Paz, José Gonzáles.

No precisa los nombres de personas denunciadas o las ubicaciones de los predios en disputa; pero hace énfasis en que son casos en los que la Alcaldía demandó o fue demandada por terrenos ediles. Aunque el caso de Callapa-Aruntaya es uno de los conflictos más violentos, no es parte de los procesos encarados por el municipio porque este es un problema entre privados, según explicó la subalcaldía Sur.

En éste y otros casos  comunes en los límites de la zona urbana y rural, los dueños originales, en su mayoría comunarios que obtuvieron el título tras la reforma agraria, vendieron parte de su terreno a distintos compradores que a la vez heredaron sus tierras. Unos habitan en el lugar hasta que otros aparecen para tratar de despojarlos de la propiedad exhibiendo títulos o minutas de venta tan antiguas como las suyas.

“Por decir, un privado tiene seis hectáreas y ahí  dentro han aparecido campesinos, comunidades, colonos y urbanizaciones. Y otros que quieren aprovechar el caos entran a lotear y avasallar, y además consiguen documentación. La disputa es entre ellos. Como Alcaldía no nos sentimos exentos, pero es un conflicto entre privados”, explica un funcionario de la subalcaldía. 

En una disputa de estas debe primar la documentación que  avale el derecho propietario de alguna de las partes. Sin embargo, debido a algún error o ilegalidad, todas las partes tienen papeles emitidos o reconocidos por Derechos Reales.

“Es desde 2015 que viene este proceso. No nos dan curso. Somos 432 familias que somos amenazados por un clan de loteadores que han conseguido papeles con un documento de la reforma agraria”, sostiene la abogada Patricia Rojas, en representación de los adjudicatarios de la urbanización Aruntaya, en puertas de la fiscalía de La Paz.

Los comunarios de Callapa, que son parte de la misma  área en conflicto y están unidos a la urbanización, también han iniciado demandas contra los mismos loteadores. En su caso señalan que son varias las  denuncias que han quedado congeladas o fueron rechazadas. Ante la falta de avances en su pedido de justicia, advierten: “si vuelven a avasallarnos, la comunidad hará justicia con mano propia”.

Clanes y redes aún invisibles

“Los loteadores ya actúan de forma profesional. Tienen grupos de choque, contactos en la Alcaldía de La Paz, en las de los municipios vecinos y en Derechos Reales. Sino cómo consiguen los papeles”, dice el vicepresidente de la junta de vecinos de Irpavi, Víctor Cabrera.

En mayo pasado, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba identificó  55 loteadores que trafican con tierras productivas, predios fiscales y áreas verdes. La lista es parte de una denuncia formal presentada ante la Fiscalía departamental.

En La Paz, como anuncio de una medida similar, el alcalde Iván Arias afirmó -en varias oportunidades- que se identificaron los clanes de loteadores y avasalladores que operan en la urbe. Sin embargo, hasta la fecha no hay información al respecto.

Crédito: AMUN.

“Estamos en plena investigación. No tenemos la identificación documental, pero tenemos conocimiento de que existen. Justamente por este motivo no podemos dar nombres.  No queremos entorpecer el proceso”, dice el director jurídico edil.

Lo cierto es que no hay  una base de datos o un diagnóstico sobre los conflictos activos en el municipio, tampoco de los casos en los que están comprometidos terrenos ediles ni  en los que la disputa es entre privados. Los pocos registros que existen están en cada subalcaldía, que son las que  hacen los operativos de fiscalización territorial.

“Cada subalcaldía tiene varios de estos casos. Dados los escasos recursos humanos que se tiene no alcanzan a cubrir todo el territorio. Son tantos a la semana o incluso diariamente que para llevar un registro se necesitaría un sistema informático especializado”, añade Gonzáles.

Sostiene que las subalcaldías tienen un registro de las últimas acciones realizadas. Por ellas saben que los macrodistritos con más problemas son el Sur y San Antonio o ladera este.

Riesgo en cerro y río de Irpavi

En 2012, la mancha urbana de La Paz  era de 59 kilómetros cuadrados y para 2019 llegó a 68. Nuevos asentamientos aparecen, casi de la noche a la mañana, en medio de conflictos por límites, avasalladores y loteadores.

Crédito: Leny Chuquimia.

“Llegan en familia, con todo y niños. Se acercan a ciertos espacios como si estuvieran de paseo. Vuelven una segunda y una tercera ocasión y de repente ya están poniendo estacas  en el cerro o en el río. Eso pasa prácticamente a diario”, dice un vecino de Irpavi mientras muestra fotos de vehículos y cómo luego sus ocupantes se van asentando.

Cabrera señala que el tema es  preocupante en dos sectores. Para comprender el primer caso explica que Irpavi I e Irpavi II están divididos por un cerro. La franja que los divide es una pendiente, casi vertical, que en la Ley de Uso de Suelos (LUSU) del municipio está calificada como una zona no edificable. Sin embargo, en los últimos años los asentamientos avanzan a contrarreloj. Se levantan edificios de varias plantas con sistemas de alcantarillado inexistentes que descargan sus aguas al cerro.

En diferentes oportunidades, junto a autoridades municipales, los vecinos se han apersonado a estas construcciones para pedir un alto a las obras. Empero, al llegar a las obras se encuentran con que los propietarios no solo tienen folios reales, sino, permisos de construcción emitidos por el municipio de Palca. 

“Son loteadores, ¿si no como podrían estar en un área verde que es no edificable?”, cuestiona el vecino. Pero no solo se trata de la ilegalidad sino del riesgo que representa. Este sector no tiene infraestructura sanitaria, lo que implica que las aguas residuales podrían saturar el terreno y generar un deslizamiento.

Crédito: Leny Chuquimia.

“Tenemos un estudio que cataloga al sector como de alto riesgo. Además, específica que a la altura de la calle 15 a la 18 hay un deslizamiento activo. Ahí se está construyendo un condominio”, complementa.

No solo pasa en el cerro. En los linderos del río, pequeñas construcciones se expanden ganándole espacio a los aires de terreno que se debe dejar por norma.

“Ya no hay espacio, a ambos lados del río se han asentado  puros loteadores. La Alcaldía notifica, pero en cuanto sucede esto, más rápido construyen y lo venden. Algunos tienen papeles; otros no”, dice.

Cabrera está consciente que demoler las construcciones es imposible, pero pide frenar los  nuevos asentamientos.

Derechos Reales en el circuito

“Pasa mucho, no solo en avasallamientos, si no en urbanizaciones. Venden los terrenos, pero nunca entregan los papeles o lo hacen al momento de la posesión. Cuando uno ya está construyendo aparece otra persona con folio de propiedad. Ahí empieza el conflicto, ya no  por saber quién es el verdadero dueño, sino, quién tiene el mejor derecho propietario porque ambos tienen papeles”, explica el viceministro de Defensa al Consumidor Jorge Silva.    

La autoridad señala que el problema también radica en Derechos Reales. Advierte que en esta entidad se entregan folios reales “a cualquiera”.

“Uno de los casos más llamativos está en Santa Cruz, donde el terreno de una urbanización tiene 19 dueños y los 19 tienen el folio real. Eso es un tema estructural”, manifiesta.

Crédito: Leny Chuquimia.

Hace un par de meses, Silva visitó la urbanización Copacabana (exfundo Ventilla El Alto) construida sobre unos terrenos gravados en favor del Estado por el caso  Focssap, en 1998. Sin ninguna restricción, hace algún tiempo tres personas empezaron a vender estos predios, por lotes, para formar una urbanización. Contrataron agentes inmobiliarios y muchos ciudadanos empezaron  a dar sus cuotas para obtener su terreno.

Pero ¿cómo  pudieron vender tierras gravadas por el Estado? Los presuntos dueños  falsificaron una resolución judicial para levantar el gravamen y proceder a la comercialización. Así, Derechos Reales extendió 500 folios de propiedad a favor de tres personas.

“El Estado se dio cuenta de la situación e intervino, pero ahora hay personas que ya pagaron y no tienen el folio real. El documento está en manos de los loteadores”, lamenta Silva.

Seguro de una situación de inseguridad jurídica, por la que recibe denuncias a diario, añade: “Derechos Reales está implicado en el circuito de tráfico de tierras urbanas. Es parte de esa organización en la que están las Alcaldías, que aprueban planos y dejan construir sin ningún  tipo de fiscalización. La víctima es el ciudadano, el usuario”.

Indica que es necesario transformar esta institución en varios aspectos: cambiar su sistema informático por uno que  permita cruzar información  y verificar que los documentos presentados no sean falsificados. Así se podría evitar  folios anómalos.

Aruntaya, conflicto se extiende

“Se han entrado a nuestras casas, ni siquiera eran terrenos abiertos. Querían saquearnos”, señala un vecino de Irpavi II.  No da su nombre por temor a avasalladores que desde hace más de un año tiene en vilo a las urbanizaciones Flor de Irpavi, Monte Bello, Valle de Irpavi e Irpavi II.

La presidenta de la junta vecinal de Irpavi, Ana María Steverlynck, señala que la situación en estas zonas “es terrible”. Recuerda que en el último conflicto (4 de octubre de 2021), el ataque con dinamita y bombas molotov  empezó desde las urbanizaciones de la parte baja.

Crédito: Irpavi Siglo XXI.

Las explosiones dañaron varias casas. “El lugar más conflictivo es Aruntaya y Callapa, pero el problema se repite en todas las urbanizaciones colindantes”, advierte la dirigente.

Y es que donde hay conflictos aparecen nuevos grupos de loteadores que buscan aprovechar la situación.

“Los avasalladores y loteadores permanentemente están tratando de ocupar esos terrenos privados y otros municipales. Es una constante escuchar dinamitazos porque están aplanando los cerros que están rodeando a Irpavi II, poniendo en riesgo a las zonas”, manifiesta  el  presidente de la Junta de Vecinos de Irpavi II, Luis Torrico.

Exdiputado Chambi: el rostro tras avasallamientos en La Paz, ElAlto, Viacha y Achocalla

Los comunarios y adjudicatarios de Callapa-Aruntaya identificaron  como responsables de los violentos avasallamientos a tres personas: M.S., L.Q. y R.Ch. Afirman que éstos son parte de un clan que opera en otras zonas y municipios.

Página Siete revisó las denuncias y advirtió que las iniciales R.Ch. le pertenecen al exdiputado del MAS, Rubén Chambi Mollericona.  La ex autoridad fue legislador entre 2015 y 2019.

Crédito: Irpavi Siglo XXI.

Durante su gestión fue suspendido debido a varias acusaciones. Entre ellas, al menos 15 eran por avasallamientos y loteamientos.

Pero no son las únicas. Hasta 2016, al menos 65 demandas, que no prosperaron, fueron presentadas en su contra, en diferentes momentos, pero por los mismos delitos.

Gran parte de los denunciantes señalan que no se les entregó el derecho propietario de los lotes que le compraron en la urbanización Mariscal Santa Cruz, en el límite entre El Alto y Viacha.

Al no recibir los documentos, varios de los afectados denunciaron que, en 2014, fueron obligados a hacer campaña por el MAS, para que Chambi sea diputado.

En febrero de 2016, la concejal de Viacha por el MAS, Herminia Mamani, que investigaba el caso, fue atropellada  por un vehículo  conducido por Chambi. Mamani, que murió  meses después, por una infección pulmonar, denunció  a Chambi por acoso político.

Entonces, el exlegislador negó las denuncias y afirmó que la venta de esos lotes era legal. En entrevista con ANF (junio de 2015) sostuvo que  tenía un patrimonio de siete millones de bolivianos y que una vez que acabara de cobrar por los terrenos, su fortuna subiría a 21 millones.

Su última declaración jurada  registrada por la Contraloría data del 8 de diciembre de 2020. En ella registró siete bienes y activos por 1,4 millones de bolivianos.

Su nombre parecía haber pasado desapercibido, hasta lo ocurrido en Callapa-Aruntaya en 2021. 

El 9 de septiembre pasado, una nueva denuncia pública se sumó a sus antecedentes. Vecinos de Achocalla instalaron una protesta en la plaza Murillo y acusaron a Chambi de una serie de avasallamientos y loteamientos de sus tierras, promovidos por Chambi.