Las avícolas ilegales contaminan los ríos en Coroico y Chulumani

En Coroico, los miembros de la Asociación Municipal Única Productores Avícolas de Coroico (AMUPAC) saben de la existencia de las granjas clandestinas y si bien conocen dónde y cómo operan hay temor por dar información. Algo similar ocurre en la Asociación de Productores Avícolas de Chulumani (APACH), donde por miedo son renuentes a dar datos sobre las ilegales. No obstante de algo están seguros, las ilegales les hacen una competencia desleal, contaminan ríos y atentan contra la salud de la población.

En La Paz existen 623 granjas avícolas de las que 519 tienen registro vigente y 104 tienen la licencia vencida. En los Yungas hay 353 granjas legalmente establecidas, empero se desconoce el número de las clandestinas, según información oficial del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

En ese panorama Página Siete se fue en búsqueda de las avícolas que no cumplen las normas que exige el Senasag. Si bien en Coroico, algunas están emplazadas cerca de la capital, la primera referencia sobre las clandestinas es que varias de ellas se ubican a lo largo de la vía que conduce a Caranavi, por los sectores de Puente Mururata, Padilla, Quenallata, Ch’alla y Puente Armas.

En todos estos puntos hay decenas de granjas avícolas que tienen el permiso del Senasag, cuyo letrero está ubicado en los ingresos de cada una a metros de la vía a tierras caranaveñas. Allí, la única manera de llegar y volver es a bordo de coches indocumentados o chutos.

Eso sucede cerca a la carretera, pero otro es el panorama unos 200 metros adentro, cerca del río Coroico. Allí, funcionan otras granjas que no precisamente tienen el permiso del Senasag.

En esos parajes operan las clandestinas ocultas entre matorrales, con precarios y pequeños galpones, donde los pollos prácticamente están atiborrados tratando de alimentarse entre ollas sucias y con pequeñas canaletas por donde corre la sangre y las vísceras de las aves al río Coroico. Uno de esas granjas, se encuentra a una hora del puente Mururata, detrás de una chankadora.

La única manera de acceder al sitio es a través de un camioneta 4×4, pero también caminando, empero la travesía demanda al menos una hora y hay que cruzar un caudaloso río, donde si uno tiene experiencia en caminatas, lo más probable es que caiga al afluente como sucedió con este periodista.

Según datos de la AMUPAC, hay 500 granjas en esa región unas 150 son clandestinas, mientras que en Chulumani de acuerdo con datos de la APACH hay 80 granjas legalmente establecidas y al menos unas son 15 ilegales.

Foco de contaminación

Pamela Chuquimia, ingeniera ambiental del municipio de Coroico, confirma que una de las principales recomendaciones que hicieron a las granjas es que tengan cuidado con las aguas residuales y las vísceras de las aves que son desplumadas.

“Ellos (los propietarios) deben tener un manejo adecuado de las aguas residuales y no mandar las vísceras al río por canaletas. En ese sentido hicimos inspecciones con la Senasag para dejar recomendaciones y notificaciones por mal manejo de granjas”, explica Chuquimia desde las oficinas de la municipalidad coroiqueña. El verter esos desechos al río Coroico, tal cual evidenció Página Siete, se convierte en un foco de contaminación, de acuerdo con la ingeniera ambiental. Desde las granjas ilegales chorros de sangre descienden hasta el río Coroico cambiándolas de color denuncian los granjeros ilegales.

Según Chuquimia fueron observadas cinco granjas avícolas y ahora se prepara un segundo operativo junto al personal del Senasag. Y aunque Chuquimia indica que son 150 las granjas, en la asociación indican que son 500. Coroico trabaja una norma para exigir a las granjas una licencia ambiental.

Manuel Tapia, dirigente de la APACH de Chulumani, reivindica que las granjas legales de ese municipio cumplen con todas las normas que exige el Senasag con la implementación de pozas para el entierro de aves muertas o quemado de pollos y plumas. No obstante apunta a las ilegales como las que vulneran todos los requisitos.

“Nosotros exigimos que las nuevas granjas cumplan requisitos que pide el Senasag como el sistema para la evacuación de residuos sólidos y líquidos, algo que el dueño debe especificar muy bien. Las ilegales no cumplen nada de ello”, demanda Tapia.

Hay otras avícolas en la parte inferior de la capital chulumaneña. Allí a donde sólo se puede llegar por caminos inaccesibles y entre árboles frutales funcionan algunas que son cuidadas por perros San Bernardo para ahuyentar a los visitantes. Estas instalaciones también se comunican con ríos a donde echan sus desperdicios.

En esas zonas yungueñas, la presencia de las granjas ilegales es un secreto a voces. El 29 de abril, el Senasag hizo un operativo en Chulumani, Irupana, Yanacachi y Coripata donde clausuraron cinco avícolas, porque no cumplían la norma de inocuidad. Otras dos más fueron clausuradas, pero en Sapahaqui, en los valles paceños, porque según el responsable departamental de Sanidad Animal del Senasag La Paz, Marcelo Callisaya, ahora hay también avícolas en las provincias Aroma, Loayza yAbel Iturralde.

Callisaya confirmó que las granjas ilegales echan sus desechos en los ríos. “Los gobiernos municipales y las asociaciones nos deben ayudar a cortar este mal manejo de los residuos que afectan a la salud pública, porque están contaminando ríos de donde niños y jóvenes consumen el agua. En este caso esto ya procedería incluso el Código Penal porque atentan contra la salud pública”.

Atentan a la salud

Las granjas que operan fuera de la ley atentan contra la salud de los consumidores. Según Callisaya, al desconocerse la procedencia de los animales varios son los peligros sanitarios.

Al no contar con el registro del Senasag, no pueden acceder a pollitos bebés de incubadoras legalmente establecidas, aunque se conoció de la existencia de incubadoras ilegales en Cochabamba y Santa Cruz. Por otro lado, tampoco se tiene la certeza de que las aves de las avícolas clandestinas hayan recibido vacunas, por ejemplo contra la enfermedad Newcastle que es altamente contagiosa entre los pollos y que puede infectar virus a los seres humanos causando conjuntivitis.

“Cuando se hace la inspección para optar al registro o para su fiscalización el factor primordial que exigimos es la bioseguridad del establecimiento, porque de esta forma se van a prevenir las diferentes enfermedades aviares”, insiste Callisaya. Los establecimientos avícolas deben tener otros requisitos un cerco perimetral, ingreso de personas ni tampoco y otros animales controlado, una caseta de vigilancia para que cualquier persona tenga que registrarse, paredes y pisos de fácil limpieza, entre otros.

El incumplimiento de estas medidas no significa directamente la clausura, porque se hacen notificaciones, no obstante si existe reincidencia se procede a la paralización de las actividades, mientras se cumplan las recomendaciones.

Callisaya considera que el hecho de tener una producción de pollos en 45 días anima a muchos a invertir cada vez más en este creciente y rentable negocio, pero recomienda a cumplir con las normas sanitarias como garantía también de un buen producto.