La gran ausente

La Defensoría nació en 1998 con un presupuesto anual de Bs 6,8 millones, 24 años después los recursos programados alcanzan a Bs 38 millones y el 45% se destina al pago de salarios del personal. En los últimos 10 años, el Tesoro de la Nación erogó más de 356 millones de bolivianos para la defensa de los derechos humanos. Una abogada plantea procesos por incumplimiento de deberes en contra de los defensores porque no cumplieron lo que dice la Constitución y las leyes.

“El pueblo está en el Gobierno, por tanto, (el Defensor del Pueblo) va a defender al pueblo en las calles pero también al pueblo que está en Palacio” decretó el entonces presidente Evo Morales el 13 de mayo de 2010 cuando posesionó a Rolando Villena como nuevo Defensor del Pueblo.

El otrora vicepresidente Álvaro García Linera reforzó en el mismo acto: “El Defensor del Pueblo va a defender al pueblo y al Estado frente a las conspiraciones y ante quienes quieren acabar con la democracia en Bolivia”.

Tres años después, el Defensor elegido por el MAS con amplia mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional era repudiado por los gobernantes y sus colaboradores como “el mejor instrumento de la derecha”, “neoliberal”, “asesor de la derecha”, “político camuflado” y otros calificativos porque Villena denunció los numerosos excesos del Gobierno contra las libertades democráticas.

Un año después, Tezanos Pinto guió la nave de la institución -encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales- hacia aguas tranquilas pero controladas por un poder “omnímodo” a decir de Villena.

“Hoy dejo el cargo que ocupé durante seis años con una institución que, mantuvo la independencia y la autonomía frente a las innumerables presiones y los ataques que, recibí de parte de personas y grupos en ejercicio de un poder casi omnímodo, ante el que sucumbieron cientos de líderes, personas de bien, intelectuales y autoridades llamadas también a defender al pueblo, y que frente a las amenazas, el temor o la prebenda, optaron por el silencio, la tibieza o la complicidad”, se lee en el informe de gestión de Rolando Villena a la Asamblea Legislativa, quien estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo entre 2010-2016.

La institución cimentada por Ana María Romero de Campero sucumbió aunque continuó funcionando, pero con un alto costo económico soportado por el Tesoro de la Nación y la cooperación internacional.